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La Ley de Sociedades de Capital incrementa la responsabilidad fiscal de los miembros del Consejo de Administración que no podrán, en ningún caso, alegar su ignorancia en estas materias.

Eso significa, para quien acepta ser Administrador de una sociedad, hacerse a su vez  responsable de su buen gobierno fiscal asumiendo las consecuencias administrativas y penales en caso de incumplimiento.

Por su parte la nueva Ley General Tributaria aumenta la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, con especial atención a las actuaciones de prevención del fraude fiscal. Estos objetivos tienen especial relevancia en el buen gobierno corporativo.