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Fatima Ramallo López Coordinadora de programas de la Sede en Granada de la UIMP

OBJETIVOS La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias jurídicas, destacando como la más importante de ellas, la restauración del orden jurídico perturbado, cuya protección tiene encomendada la Administración. Pero como consecuencia en gran medida de la propia inactividad administrativa, se ha planteado hasta la fecha un vacío legal tanto en los supuestos en que, cometida la infracción, la Administración ha dejado transcurrir el tiempo de que disponía para poner en marcha los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para obtener el restablecimiento de la legalidad infringida, como en aquellos otros en que habiendo actuado a tiempo, no ha procedido a la ejecución de las resoluciones adoptadas, una vez que éstas han adquirido firmeza. Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar en qué situación quedaban esas construcciones, edificaciones o instalaciones sobre las que había prescrito la posibilidad de ordenar su demolición, a pesar de haber sido construidas de manera ilegal, las cuales se encontraban en un auténtico «limbo jurídico». Ante el silencio de la Ley, la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban «asimiladas» al régimen legal de fuera de ordenación. Uno de los problemas jurídicos que plantea este tipo de edificaciones es la posibilidad que tienen los propietarios de acceder a los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua potable. A concretar el alcance del deber de la Administración a la prestación de dichos servicios se centra este programa.

DESTINATARIOS El Seminario se dirige a todos los operadores jurídicos, pero en especial para las entidades locales, ya que la seguridad jurídica, y muy específicamente en esta materia.

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Obra recomendada por Lefevbre - El Derecho para esta materia: Memento Contratación Pública (Abogacía del Estado) 2016-2017