La aprobación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas ha dado lugar a la elaboración de numerosas iniciativas legislativas, acciones y planes de acción, tanto a nivel nacional como europeo que han ido incorporando progresivamente el concepto de debida diligencia dirigido a medir y prevenir los impactos de las actividades empresariales sobre los Derechos Humanos; con el objetivo de incorporar el respeto de los Derechos Humanos en la conducta empresarial a todas las empresas con independencia de donde lleven a cabo sus actividades.
En esta dirección los Planes nacionales se dirigen a convertir el compromiso adquirido por los Estados en aras a proteger los Derechos Humanos en un cumplimiento real y efectivo, estableciendo acciones concretas, que deberían ser directas y constructivas.
En la actualidad 13 Estados de la Unión Europea tienen Planes Nacionales: España. Irlanda, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Eslovenia, Alemania, Republica Checa, Polonia, Lituania, Suecia y Finlandia. Portugal ha iniciado el proceso, pero todavía no lo ha aprobado. Además de los países europeos, tienen Planes Nacionales Empresas y Derechos Humanos Reino Unido, Noruega y Suiza. Ucrania tenía un plan antes de la Guerra.
El Estado español aprobó su Plan en 2017; finalizó en 2020 y ahora está pendiente del Borrador de Directiva europea de diligencia debida para iniciar los trabajos de elaboración de su Segundo Plan.
Es importante tener en cuenta, además del contexto normativo conformado por los Planes y Medidas de acción de protección de los Derechos Humanos en el ámbito de los Estados miembros, el papel de la Unión Europea en tanto las iniciativas europeas en general y la Propuesta de Directiva de diligencia debida y sostenibilidad, actualmente imbuida en el proceso de ruta, en particular, nos deben servir como hoja de ruta.
En este contexto desde el Instituto para la Gobernanza, Globernance, se ha elaborado el borrador del Plan Vasco de Empresa y Derechos Humanos por encargo del Departamento de Paz, Memoria y Justicia del Gobierno Vasco. La perspectiva que nos ha marcado el desarrollo del trabajo es doble y está supeditada tanto a incrementar el papel de la empresa como agente social, teniendo en cuenta el impacto o potencial impacto que sus actividades tienen sobre los Derechos Humanos en el entorno en el que se desarrollan desde una perspectiva ad intra a todos los niveles (social, medioambiental…), como, por otro lado, a nivel ad extra atendiendo a ese potencial impacto que tiene la actividad exterior de las empresas vascas.
De esta forma, es menester subrayar que las medidas que va a adoptar el Plan estén dirigidas a promover e incentivar el papel de la empresa tanto fuera como dentro de Euskadi y, por tanto, a promover un comportamiento respetuoso con los Derechos Humanos como política empresarial y nuevo paradigma de Gobernanza, con independencia de dónde se desarrollen las actividades empresariales.