Cuanto más eficaz sea la aplicación del derecho de la competencia, más competitivos serán los mercados que operen en el territorio y mayor será su desarrollo económico. Por tal razón es de interés social la realización de todos los esfuerzos necesarios para mejorar dicha aplicación, tanto por parte del legislador otorgando instrumentos útiles y apropiados para ello, como desde las Autoridades de Competencia y los Tribunales aplicando dicha legislación y utilizando tales instrumentos. Éste es el objetivo de la Directiva 2019/1, conocida como Directiva ECN+, cuyos contenidos y formas más adecuadas de transposición van a ser analizadas en el Curso de Verano.

Si lo que se pretende es ser eficaz, las consecuencias de infringir la normativa antitrust (tanto las sanciones públicas como las indemnizaciones por daños) deben resultar disuasorias; esto es, deben tener un importe total mayor que los beneficios obtenidos por la infracción. Asimismo, se deberán desarrollar los elementos necesarios para favorecer que se detecten y prueben los cárteles y otras conductas anticompetitivas, bien reforzando las facultades de investigación y actuación de las autoridades de competencia, bien desarrollando los programas de clemencia y transacción que facilitan que se colabore en la detección y cese de las conductas anticoncurrenciales.