Las restricciones a la movilidad de los ciudadanos y al ejercicio de actividades comerciales, se han considerado medidas necesarias para el control de la propagación del virus Covid-19. La declaración del estado de alarma proporcionó a los poderes públicos el contexto necesario para poder adoptar este tipo de decisiones que pueden afectar a derechos fundamentales. Una vez superada la excepcionalidad, los órganos de gobierno de las CCAA han tenido que afrontar el enorme reto de implementar medidas complejas con instrumentos jurídicos complejos. Letrados de Gobierno de las CCAA de Madrid, Islas Baleares y Comunidad Valenciana analizan este fenómeno histórico de enorme trascendencia jurídica.
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