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El cambio que la tecnología ha generado en las aulas de enseñanza obliga a padres, madres, alumnado y educadores a un esfuerzo adaptativo, a un análisis pausado encaminado al conocimiento de los riesgos y de las alternativas existentes.

El camino transitado desde la tiza al ratón, o desde el encerado al metacrilato, impone un peaje, un tributo a veces excesivo en términos de privacidad. El legislador ha sido consciente de ello, así, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales impone un mandato claro a los poderes públicos en su artículo 83, consistente en garantizar el derecho a la educación digital.

Para ello, el sistema educativo debe garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso crítico y seguro de los medios digitales, así como respetuoso con los derechos fundamentales como la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.

El empleo de plataformas educativas en los centros de enseñanza ha desvelado la posición de vulnerabilidad de docentes, discentes y padres frente a las gigantes corporaciones responsables de estos recursos.