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Como en cualquier ámbito de las relaciones sociales, también en el jurídico el objetivo de la comunicación es conseguir la comprensión de las normas, de las resoluciones judiciales de las decisiones y actos administrativos o de los contratos por parte de quienes los elaboran.El lenguaje constituye, precisamente, la base de la comunicación en todos los órdenes de la vida. La especialidad del lenguaje jurídico es fruto de una tradición muy rica, pero hoy demanda una actualización que ponga al día muchas expresiones, depure conceptos, se ajuste a las reglas de la Real Academia y, como fin primordial, sea claro y comprensible. No en vano, muchos problemas –jurídicos, económicos y sociales- de estos últimos años están ligados a dificultades por la falta de claridad en el lenguaje jurídico. Y no solo eso, sino que las encuestas todavía recientes que se han llevado a cabo por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía Española, un 82 por ciento de los ciudadanos no entiende el lenguaje del Derecho. La consecuencia de esta situación es la desconfianza en las instituciones y, en general, en el trabajo de los juristas. Una situación que requiere una actuación decidida a favor del lenguaje jurídico claro.Tanto los países de nuestro entorno europeo, como los países iberoamericanos y Estados Unidos vienen impulsando desde hace años, dentro de sus políticas públicas, el uso de un lenguaje claro, que las instituciones públicas se comprometen a utilizar en las distintas manifestaciones de su actividad. En España, también se han llevado a cabo diversas actuaciones que, sin embargo, no han tenido la necesaria continuidad. En consecuencia, no se ha logrado encontrar una solución al deterioro del lenguaje del Derecho.El mal uso de lenguaje jurídico no solo tiene lugar en el ámbito público, sino que también en el privado son frecuentes los casos de dificultad para su comprensión, que se traducen a la postre en un coste añadido para el tráfico jurídico y para el económico.En Derecho nos encontramos documentos en los que se aprecian redacciones innecesariamente complejas que tienen soluciones sencillas si se pone algo de voluntad y esfuerzo. La tradición y la falta de formación en comunicación del Derecho han operado en contra de la claridad del mensaje que se dirige a los ciudadanos.Ante esta situación, FIDE ha decidido llevar a cabo dos sesiones que tienen como principio el reconocimiento del “derecho a comprender” de los ciudadanos. Un derecho que debe hacerse efectivo, por un lado, frente a las leyes, las resoluciones judiciales o cualquier tipo de comunicación pública, y, por otro lado, también en ámbitos privados tan importantes como la contratación bancaria y el sector asegurador.Estas sesiones suponen una oportunidad de tomar conciencia del valor del lenguaje y su correcta utilización como factor fundamental también para el desarrollo profesional. Y junto a ello de dar también un impulso a un derecho a comprender ya reconocido en documentos relevantes, pero que sigue huérfano de actuaciones concretas y con la necesaria continuidad. FIDE se suma a este reto abriendo un espacio en que podamos colaborar en una mejora de la comunicación jurídica que refuerce la confianza de la sociedad en el Derecho.Objetivos de la sesión:  De la claridad de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, de las decisiones administrativas y las resoluciones judiciales depende, en buena medida, la seguridad jurídica como principio básico para el buen funcionamiento de cualquier sociedad en todas sus vertientes. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los operadores jurídicos y económicos es la escasa calidad de las normas y las incertidumbres que rodean su aplicación por los tribunales. En el fondo de este problema late la cuestión del lenguaje jurídico y su necesaria actualización al servicio de la efectividad del derecho a comprender las normas, las decisiones administrativas y las resoluciones judiciales.A partir de esta realidad en esta sesión se va a analizar la realidad que subyace bajo de esta situación y las medidas que podrían adoptarse tanto para la mejora del lenguaje del Derecho. Y entre esas cuestiones también se someterán a debate el papel de los profesionales en el trámite de audiencia pública de las normas, la calidad de los escritos procesales de las partes y su incidencia en la claridad de las resoluciones judiciales, las innovaciones que se podrían introducir tanto en normas como en resoluciones judiciales para mejorar su claridad y comprensión, así como sobre las políticas públicas que podrían emprenderse a favor de la claridad del lenguaje jurídico.Ponentes:

• Juan Carlos Campo Moreno. Magistrado en servicios especiales. Ex – Secretario de Estado de Justicia.

• Cristina Carretero González. Profesora de Derecho procesal, oratoria y redacción jurídicas en ICADE. Universidad Pontificia Comillas.

• Julio Carlos Fuentes Gómez. Administrador Civil del Estado.

Moderador: Javier Badía. Periodista y autor del blog lenguajeadministrativo.com