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COVID-19 ha puesto de manifiesto el carácter esencial de la investigación en salud y confirmado la importancia crucial de los modelos de analítica de datos. El último lustro había consolidado el proceso de implantación de metodologías que incorporan el análisis retrospectivo de grandes volúmenes de datos en las historias clínicas. Asimismo, la investigación prospectiva, la simulación de escenarios, la medicina predictiva y el desarrollo de modelos decisionales y de Inteligencia Artificial requieren del empleo masivo de datos de salud.

Por otra parte, el análisis de una nueva enfermedad de naturaleza contagiosa ha puesto de manifiesto hasta qué punto la analítica de datos contribuye a proporcionar una visión holística del paciente considerado no sólo desde la dimensión de su historia clínica sino también desde el marco comparativo con miles, incluso millones de personas, y con un enfoque en el que los aspectos sociales, económicos, climáticos o demográficos resultan relevantes. Además, si algo resulta determinante en un entorno pandémico es el disponer de un modelo de medicina predictiva, preventiva y poblacional de alta calidad.

Ello nos debe obligar a reflexionar sobre la naturaleza del uso de los datos personales para el bien común y obliga a una reconsideración de nuestra cultura jurídica en esta materia. La cultura europea de protección de datos de la Unión Europea ha cimentado un modelo de desarrollo de la tecnología fundamentado en la garantía de los derechos fundamentales y la libertad de las personas. Esta lectura es la correcta, y el Reglamento General de Protección de Datos afirma desde sus primeros considerandos que los datos deben tratarse al servicio del ser humano, afirma el interés público de la investigación y acoge la investigación en salud como un objetivo prioritario. Lo mismo hace la disposición adicional decimoséptima sobre tratamientos de datos de salud de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sin embargo, conseguir estos objetivos exige una lectura razonable, inteligente y proporcional de los objetivos de la normativa no siempre compartida por los operadores. Es fundamental promover la confianza social y del paciente en el uso de los datos para el bien común, y ser capaces de consolidar modelos de investigación altamente eficientes.