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La obligación para las empresas de relacionarse electrónicamente con la Administración introducida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha supuesto cambios y retos organizativos. Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha hecho público el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan las Leyes 39/2015 y 40/2015, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que se encuentra actualmente en trámite de audiencia, y que introduce diversos aspectos que pueden ser de interés para las empresas en su relación con las Administraciones Públicas. Asimismo el Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad de diversas previsiones que afectan a la materia.El propósito de esta sesión es constituir un foro de reflexión sobre los requisitos y riesgos para las empresas derivados de las exigencias de la Ley 39/2015 y de la regulación de desarrollo en materia de uso de medios electrónicos en su relación con las Administraciones Públicas.