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En el año 2015, se aprobaron en el Congreso dos Leyes, la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015 sobre Régimen Jurídico del Sector Público. Dichas leyes supusieron la derogación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, entre otras.

Con su aprobación y publicación, el legislador pretendía por un lado establecer “una regulación completa y sistemática de las relaciones “ad extra” entre las Administraciones públicas y los administrados” y por otro “una regulación “ad intra” del funcionamiento interno de cada Administración pública y de las relaciones entre ellas”.

Habiendo transcurrido casi cinco años desde su aprobación y estando prevista su entrada en vigor completa el próximo octubre, es necesario analizar el estado de situación actual y el grado de implantación de la Administración Electrónica en todas las Administraciones Públicas, así como los nuevos retos a futuro, principalmente en materia de CIBERSEGURIDAD, protección de datos y transparencia.

El impulso de la Administración Electrónica contribuye a que todos los ciudadanos tengan una mejor asistencia, mejor acceso a la información y mayor transparencia, sin renunciar a la seguridad jurídica e informática y al derecho a la protección de datos de carácter personal, en definitiva, una mejor y más eficaz Administración Pública.

Todo ello, está suponiendo un cambio en los procedimientos y procesos seguidos por la Administración que exigen un cambio de paradigma y obligan a los funcionarios y empleados públicos no solo a conocer la Ley, sino a familiarizarse con sistemas electrónicos que, si bien pueden suponer una mejora en las relaciones con los Administrados, conllevan también un gran esfuerzo de adaptación. Todo un reto en un momento en que los distintos cambios normativos, obligan más que nunca a estar formado y a gestionar el cambio.

Así, los objetivos del Curso son:

â–ª Conocer el grado de la implantación de la Administración Electrónica en España, así como los problemas y dificultades.

â–ª Conocer los aspectos más relevantes en materia de seguridad informática o CIBERSEGURIDAD, de transparencia en el marco de la Administración Electrónica y la protección de los datos de carácter personal.

â–ª Conocer los nuevos retos a los que la Administración debe enfrentarse en un mundo cada vez más exigente en el ámbito tecnológico.

DIRIGIDO A Empleados públicos, funcionarios, poderes adjudicadores y otras entidades del sector público, empresas privadas, profesionales y autónomos.

COORDINADOR ACADÉMICO DEL CURSO D. Andrés Boix Palop. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València.