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Desde la aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, y con su entrada en vigor el 3 de octubre de 2015, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de un Sistema de Derecho Civil propio aplicable a los tres Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como de una serie de instituciones mediante las cuales, las personas que ostentan la vecindad civil vasca pueden regular -o rigen ya de hecho- su régimen económico matrimonial y la ordenación de su sucesión de manera diferente a como lo harían con la aplicación del Código Civil.

Han transcurrido más de seis años desde su entrada en vigor y, en este tiempo, tanto por su aplicación práctica como por la interpretación que de la Ley ha venido haciendo los órganos jurisdiccionales y administrativos del orden civil y fiscal, los operadores jurídicos hemos podido tomar conciencia de que estamos ante un derecho vivo, cambiante, sujeto a la evolución de la propia sociedad y de sus más básicas instituciones, como pueden serlo el matrimonio, la familia o la herencia; y también que, para su correcta implementación, se  necesitan expertos profesionales bien formados y permanentemente actualizados a través del reciclaje continuo y con la seguridad que ofrece la experiencia.

En el mismo sentido, otras reformas legales no menos importantes, como la civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad que introduce la Ley 8/2021, de 2 de junio, o las propias de la normativa fiscal común y foral, aplicable, por ejemplo, al tratamiento de los pactos sucesorios, coadyuvan a reforzar la exigencia de esa permanente actualización, y, aunque no afectan directamente a la propia Ley, deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar y proponer el uso de los instrumentos que en ella se recogen.

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