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La administración pública alcanza su máximo sentido en el servicio que presta a la ciudadanía, de ahí que el art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, señale entre los principios que debe respetar en su actuación el del servicio efectivo a la ciudadanía, la simplicidad, claridad y proximidad a las personas, o la cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas.

Por ello, la gestión enfocada al servicio público, la información clara, transparente, facilitada a través de diferentes canales y adaptada a las características de las personas, resultan imprescindibles.

La digitalización de la administración y de la propia sociedad está avanzando de una forma exponencial, y lo hará aún más en los próximos meses, como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19 y de la aplicación de los fondos para la reconstrucción aprobados por la Unión Europea en el Plan de Recuperación para Europa que apoyará la inversión en las transiciones ecológica y digital. Esto requiere reformar también las propias administraciones y sus procesos de trabajo para prestar un servicio ágil, eficiente y empático que no excluya a nadie, así como la adopción de medidas que permitan salvar la brecha digital de las personas que, por razones económicas, o de capacitación digital, no pueden acceder a dichos medios, para evitar la exclusión digital y sus consecuencias.

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