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La concatenación de decisiones judiciales polémicas, que han hecho más profunda la desigualdad material de las mujeres y debilitado la igualdad formal, ha sido señalada como muestra de la existencia de una justicia patriarcal. En un momento en el que asistimos a un considerable incremento de la necesaria movilización feminista, resulta especialmente importante impulsar y potenciar debates sobre cuáles son las obligaciones fundamentales del poder judicial: debe limitarse a aplicar el Derecho sin atender al contexto cultural, político, económico y social, originariamente desigual o, por el contrario, participar de forma activa en la remoción de las causas de desigualdad material.

En este sentido, la implementación de la perspectiva de género a la hora de afrontar asuntos en los que la mujer se vea afectada por el hecho de serlo, se ha propuesto como una posible solución a los problemas que plantea la impartición patriarcal de justicia. Sin embargo, es necesario aún sistematizar este proceso, consolidarlo metodológicamente y explicar la necesidad del mismo.

Solo una judicatura formada en género podrá detectar y resolver las cuestiones que suponen discriminación, por ser mujer o por serlo en conexión con otras causas de discriminación, convirtiendo a los agentes jurídicos en aliados en la lucha por la igualdad real de mujeres y hombres.