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La regulación de la responsabilidad de los administradores y altos cargos de las sociedades es algo en permanente estado de actualidad dados los riesgos empresariales inherentes a cualquier actividad y las cambiantes leyes sobre la materia.

Esta cuestión ha sido objeto de cambios normativos como consecuencia de la publicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y que reforma la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en materia de gobierno corporativo. Dicha norma contiene importantes novedades en materia de retribución, deberes y responsabilidad de los miembros de los órganos de administración de las sociedades anónimas y sociedades limitadas.